Los agricultores pillados por el Ibama deforestando la Amazonía recibieron financiamiento público con intereses subsidiados para comprar tractores y otra maquinaria agrícola, a pesar de tener un historial de infracciones ambientales. En total, US$ 5,7 millones fueron prestados a los cinco productores.
Los préstamos fueron otorgados por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) y operados por el banco John Deere, que es el brazo financiero de la fabricante de maquinaria que vendió los equipos.
Una resolución del Banco Central de Brasil prohíbe la concesión de crédito rural a propiedades en la Amazonía que estén sujetas a embargos, pero no impone restricciones a los propietarios de estas áreas para obtener préstamos para otras fincas.
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