Casi el 10% del ganado comercializado en Pará provino de fincas vinculadas a la deforestación ilegal, sin permisos ambientales, con trabajo análogo a la esclavitud o uso de tierras pertenecientes a reservas indígenas. En el caso de la empresa JBS, alrededor del 32% de los animales comprados procedían de explotaciones con algún tipo de irregularidad.
El mapeo utilizó datos de auditorías de compras de ganado realizadas entre enero de 2018 y junio de 2019 por empresas firmantes del Acuerdo de Ajuste de Conducta para Carne y fue presentado por el Ministerio Público Federal de Pará.
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