Una medida legal articulada por la expresidenta del Ibama, Suely Araújo, puede permitir que la Unión cobre a 18 propietarios de la Amazonía una compensación económica de US$ 47 millones por «»daños climáticos»» causados por la deforestación en sus tierras.
Juntos, los acusados nombrados en las demandas fueron responsables de talar ilegalmente más de 14.000 hectáreas de bosque entre 2004 y 2017, lo que provocó la emisión de más de 10 millones de toneladas de CO2. Los agricultores, propietarios de áreas en Pará y Amazonas, ya fueron demandados en la esfera civil por la Fiscalía General de la República (AGU), que articuló una sociedad con el Ibama en 2018 para cobrar otros US$ 68 millones por daños ambientales no climáticos. .
El proceso tiene en cuenta el precio por tonelada de carbono al que Brasil fue compensado dentro del Fondo Amazonía (equivalente a US$ 5 por tonelada de CO2). También se tuvo en cuenta en el cálculo la quema de materia orgánica utilizada en el proceso de desmonte.
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